La reciente transformación del Centro Nacional de Farmacovigilancia en el Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia (CENAFyT) marca un momento clave para la salud pública en México. Más allá de un cambio administrativo, representa una evolución estructural necesaria que reconoce la realidad actual de la atención médica: hoy, la seguridad del paciente no puede entenderse sin integrar tanto los medicamentos como los dispositivos médicos en un mismo sistema de vigilancia.

La farmacovigilancia, entendida como la ciencia y el conjunto de actividades orientadas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de las reacciones adversas (y de cualquier otro problema relacionado con medicamentos y vacunas), ha sido históricamente un pilar en la protección de la salud pública.

Si bien en la práctica ya se realizaban actividades de vigilancia de dispositivos médicos, el Centro Nacional de Farmacovigilancia no incorporaba formalmente la tecnovigilancia en su denominación. Ello, el contexto actual exige una visión más amplia e integral que incluya de manera explícita la vigilancia de dispositivos médicos y demás tecnologías utilizadas en la atención sanitaria. En este sentido, la incorporación formal de la tecnovigilancia en el ámbito de acción del CENAFyT permite avanzar hacia un modelo de gestión de riesgos más robusto e integral.

Desde la práctica cotidiana en el ámbito estatal, esta transición se percibe como un fortalecimiento de la rectoría nacional. El CENAFyT asume un papel estratégico al consolidar y generar lineamientos técnicos, evaluar señales de seguridad y coordinar acciones que permitan identificar, analizar y mitigar riesgos asociados con el uso de medicamentos, vacunas y dispositivos médicos. Su función no sólo orienta, sino que articula un sistema que requiere capacidad de respuesta oportuna; además, favorece la identificación temprana de riesgos, el monitoreo de reacciones e incidentes adversos y la generación de información clave para la emisión de alertas sanitarias, avisos y comunicados de riesgo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Este robustecimiento institucional incide directamente en la operación de los centros estatales de farmacovigilancia y tecnovigilancia, que son el punto de contacto con la realidad operativa de los servicios de salud; ahí donde las notificaciones se convierten en historias, donde las reacciones e incidentes adversos dejan de ser cifras para representar personas. Desde esta trinchera, el acompañamiento técnico, la capacitación continua y la supervisión no son únicamente actividades normativas, sino también herramientas para construir una cultura sólida de seguridad del paciente.

La transición hacia el CENAFyT también fortalece la capacidad de México para coincidir con estándares internacionales en materia de vigilancia sanitaria. Sin embargo, más allá de las estructuras, los lineamientos o los procesos, existe un principio que debe prevalecer: la seguridad del paciente. Garantizar que en el territorio mexicano se utilicen medicamentos, vacunas y dispositivos médicos seguros, eficaces y de calidad es una obligación sanitaria, pero también una responsabilidad ética inexcusable.

Quienes trabajamos en farmacovigilancia y tecnovigilancia sabemos que detrás de cada reporte hay una persona, una familia, una historia que merece ser protegida. Por ello, estas disciplinas trascienden lo técnico; son, en esencia, un acto de compromiso con la vida. Velar por la seguridad del paciente no sólo responde a un mandato normativo; es también un acto de amor y de justicia para los pacientes mexicanos.

México avanza en la dirección correcta. El compromiso ahora es sostener este esfuerzo con rigor técnico mediante el trabajo colaborativo entre la autoridad sanitaria, el personal de salud, la industria farmacéutica y la población en general; sobre todo, con la convicción de que cada decisión en farmacovigilancia y tecnovigilancia recae inmediatamente en la vida de las personas.

Al final, la seguridad del paciente no es meramente un objetivo institucional: es el deber más alto que tenemos con cada persona que confía en el sistema de salud.