Un medicamento de gran relevancia bajo escrutinio

En México, AstraZeneca promovió ticagrelor (Brilinta^® 90 mg, - Registro COFEPRIS: 216M2011 SSA, Principio Activo: Ticagrelor, Fracción IV del artículo 226 de la ley general de Salud)¹ como una alternativa superior a clopidogrel para prevenir eventos trombóticos en pacientes con síndrome coronario agudo. Sin embargo, la aprobación de este medicamento se basó en el ensayo clínico PLATO (Platelet Inhibition and Patient Outcomes)², cuya validez se cuestiona internacionalmente.^3-6

Irregularidades científicas en el ensayo PLATO

Investigaciones periodísticas y científicas han revelado graves irregularidades en los datos que sustentan la eficacia y seguridad de ticagrelor.

Un análisis publicado en The British Medical Journal (BMJ) el 11 de diciembre de 2024, dirigido por el Dr. Peter Doshi (editor senior), destacó inconsistencias significativas en los datos del ensayo PLATO.⁷

La propia Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, Food and Drug Administration) había identificado previamente errores en la adjudicación de eventos clínicos y discrepancias regionales que sugerían un posible sesgo en los resultados presentados por AstraZeneca.

Una actualización de junio de 2025 en el BMJ⁸ expuso problemas aún más graves, entre ellos, el reporte inexacto de resultados en la revista Circulation⁹ y la omisión de más de 60 lecturas de agregometría plaquetaria en los datos entregados a la FDA.⁸

Además, surgieron dudas acerca de la autoría científica del estudio, ya que uno de los investigadores declaró no haber participado, mientras que otro participante activo no fue incluido como autor.

Dichas anomalías ponen en duda las supuestas ventajas de ticagrelor frente a alternativas más económicas como clopidogrel.⁶

El caso mexicano: datos manipulados y consecuencias locales

La situación es particularmente preocupante para México.¹⁰ Investigadores mexicanos que participaron en el ensayo PLATO documentaron correctamente las muertes de tres pacientes, pero auditorías independientes revelaron que los reportes de dos de estos fallecimientos fueron manipulados y presentados a la FDA con códigos alterados para favorecer a ticagrelor. Este hallazgo fue documentado en el American Journal of Therapeutics en 2020.³

A pesar de que un revisor experto de la FDA, el Dr. Thomas Marciniak, concluyó en un memorándum interno que los datos del ensayo eran tan deficientes que sugerían que ticagrelor era inferior a clopidogrel, la agencia ignoró sus advertencias y aprobó el medicamento.⁵

Dicha decisión resalta cómo las preocupaciones científicas pueden ser desestimadas. Dado que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) de México a menudo adopta las aprobaciones de la FDA sin una revisión independiente, el país podría estar importando fármacos con perfiles de seguridad y eficacia cuestionables.^10,11

El uso de ticagrelor, un tratamiento de alto costo, representa una carga financiera para las instituciones de salud y los pacientes en México. En contraste, clopidogrel cuenta con versiones genéricas de eficacia comparable y mucho más accesibles para un sistema de salud con recursos limitados.

Llamado a la acción: el papel de COFEPRIS y las reformas necesarias

A partir de la evidencia documentada por el BMJ^7,8,11-14, existe un llamado urgente para que la COFEPRIS, como autoridad reguladora nacional, inicie una investigación exhaustiva.^10,11 Las acciones sugeridas incluyen los siguientes puntos:

1. Solicitar los datos originales de los ensayos que respaldan el uso de ticagrelor para un análisis independiente.
2. Evaluar los reportes locales de eventos adversos graves asociados con el medicamento.
3. Realizar una auditoría integral del costo-efectividad del fármaco, en comparación con alternativas como clopidogrel.
4. Emitir medidas correctivas, como alertas sanitarias o la suspensión temporal de su comercialización, si la evidencia lo justifica.

Además, un sistema de salud como el mexicano, cuyos recursos son limitados, no puede darse el lujo de gastar millones de pesos en medicamentos cuyo beneficio clínico no sea significativamente mayor que el de alternativas más económicas, como clopidogrel y sus versiones genéricas.

Los errores y la posible manipulación de datos por parte de AstraZeneca pudieron haber influido en las decisiones regulatorias y económicas en México, lo cual ha afectado tanto a instituciones de salud pública como a los pacientes que deben cubrir el alto costo de ticagrelor. Garantizar tratamientos seguros, eficaces y accesibles no es sólo una necesidad médica, sino también una responsabilidad ética y económica.

Más allá de México: el alcance para América Latina

Esta preocupación fue también expresada en una respuesta científica publicada en el BMJ¹⁰, en la que se hace un llamado urgente a reformar el sistema regulatorio mexicano a raíz del caso ticagrelor.

En dicho texto se destacan tres hallazgos clave del ensayo PLATO:

1. La manipulación en la clasificación de muertes.
2. Los sesgos geográficos a favor de regiones controladas directamente por AstraZeneca.
3. La fallida supervisión por parte de organismos reguladores como la FDA. El caso mexicano no es aislado.

El alcance de este escándalo se extiende a toda América Latina, donde sistemas regulatorios con estructuras similares podrían enfrentar riesgos comparables.

Se advierte que México, al depender de aprobaciones extranjeras como las de la FDA, podría estar introduciendo medicamentos con perfiles de seguridad y eficacia cuestionables. Entre las reformas propuestas se incluyen:

1. El establecimiento de mecanismos independientes de evaluación de medicamentos en COFEPRIS, incluso para fármacos ya aprobados por agencias extranjeras.
2. La obligación de publicar los datos crudos de los ensayos clínicos, a fin de permitir auditorías científicas.
3. La reevaluación formal de ticagrelor en México con base en criterios de seguridad, eficacia y costo-efectividad.
4. La necesidad de implementar auditorías retrospectivas y sistemas de farmacovigilancia internacional.

Estas medidas son cruciales para proteger la salud pública y restablecer la confianza en los procesos regulatorios de la región.